Granjas de cerdos en Yucatán tienen hasta marzo de 2027 para tratar aguas residuales que desechan

En agosto la organización Greenpeace denunció contaminación fecal en 17 sitios de muestreo, entre pozos y cenotes de siete localidades de la entidad

Las granjas de cerdos de la empresa Kekén en Yucatán tienen hasta marzo de 2027 para mejorar sus sistemas de tratamiento de aguas residuales que desechan, en medio de las denuncias por contaminación del agua vinculada con la actividad porcícola en la entidad.

Mediante un comunicado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que las granjas deben ajustar sus sistemas de tratamiento a los parámetros establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-2021, que fija límites para las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación.

Destacó que 11 de las 14 granjas que pertenecen directamente a la empresa Kekén están instalando sistemas complementarios para mejorar el tratamiento de sus aguas residuales. Las otras tres ya cuentan con esta tecnología en funcionamiento.

Además, 39 de las 56 granjas de productores que trabajan mediante acuerdos comerciales con Kekén, conocidas como granjas aparceras, ya presentaron proyectos para mejorar el tratamiento de sus aguas residuales. Estas propuestas todavía están bajo evaluación de las autoridades.

Estas medidas se anuncian días después de que Greenpeace México y la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’oné Ja’o’on advirtieran que persisten los problemas de contaminación y los procedimientos ambientales pendientes en Yucatán.

El 20 de octubre, ambas organizaciones informaron que un estudio de calidad del agua realizado por Greenpeace en agosto, detectó contaminación por materia orgánica, bacterias, exceso de nutrientes e indicadores de contaminación fecal en 17 sitios de muestreo, entre pozos y cenotes de siete localidades de la entidad.

Las muestras fueron tomadas en Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz. El análisis identificó concentraciones elevadas de distintos contaminantes y bacterias indicadoras de contaminación fecal. Sin embargo, el propio informe señala que ese estudio no permitió determinar con certeza el origen de las excretas detectadas.

Por separado, dos estudios realizados en 2024 y 2026 por la Red To’oné Ja’o’on en cinco puntos de Mérida, Izamal, Kinchil, Chapab y Maxcanú identificaron materia fecal de cerdos mediante el método Pig2Bac, según informó la organización. Las pruebas se realizaron en laboratorios de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las organizaciones señalaron que los resultados refuerzan la preocupación por la contaminación del acuífero maya, del que depende buena parte del abastecimiento de agua de la península, y pidieron a las autoridades publicar los resultados de las inspecciones, dar seguimiento a las denuncias y garantizar la reparación de los daños ambientales.

La Profepa informó que en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Gobierno de Yucatán desarrollan una estrategia para mejorar el cumplimiento de las normas ambientales en las granjas de cerdos.

Como parte de las acciones, la Profepa ha realizado 18 visitas de inspección a granjas de la entidad durante 2025 y 2026. Estas derivaron en medidas correctivas para las instalaciones inspeccionadas y en una clausura total definitiva.

La dependencia también ha impuesto multas por un monto acumulado de 105.8 millones de pesos a empresas del sector, en seguimiento a procedimientos abiertos en años anteriores.

Uno de los casos es el de Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, donde la Profepa impuso una clausura total definitiva el 4 de septiembre de 2025, una multa de 18.6 millones de pesos y la obligación de reparar los daños ambientales.

En abril de 2026 concluyó el retiro de los 41 mil 570 cerdos que permanecían en la granja. Actualmente, la Profepa, con apoyo del INECC y de académicos, evalúa las afectaciones al agua y al suelo para determinar las medidas de reparación que deberá cumplir la empresa.

Sin embargo, la Red To’oné Ja’o’on, acusó que todavía hay procedimientos pendientes relacionados con las granjas denunciadas y reclama que las inspecciones, las sanciones y las medidas de reparación se traduzcan en resultados verificables para las comunidades afectadas.

Entre los casos que señala están las granjas GARY 5 y 6, en Chocholá; MOBA, en San Fernando, Maxcanú; y los complejos Kekén 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cercanos a Kinchil y Celestún.