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Así operaba la red de extorsión a transportistas bajo el mando de “El Jardinero”

Foto del escritor: Redacción
Redacción
28 abr
2 min de lectura

El detenido construyó una red criminal que operaba extorsiones sistemáticas a transportistas en el occidente y centro de México

Las autoridades mexicanas identificaron a “El Jardinero” como principal responsable de una compleja red de extorsión a transportistas en los últimos años. Este operador criminal consolidó su estructura en regiones clave del occidente y centro del país, alimentando la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).


“Esta estructura obtenía recursos ilícitos mediante narcomenudeo, comercialización ilegal de hidrocarburos, secuestro, homicidio, trafico de armas, despojo de propiedades y un delito que es prioritario para el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también a través de la extorsión”, indicó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en conferencia de prensa.


Según reveló Harfuch, el alcance de la organización se proyectó hacia Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, el oriente de Michoacán y corredores de Tlaxcala, con conexiones en Puebla. Así, el grupo expandió su influencia y reforzó su capacidad de extorsión en distintos puntos del país.


Bajo este esquema, “El Jardinero” coordinó esquemas de extorsión sistemática contra personas y compañías de transporte, combustible y carga comercial. De acuerdo con las investigaciones recientes, los integrantes del cártel solicitaban a los operadores y empresas reportar anticipadamente cada unidad que transitaba por sus zonas de dominio, proporcionando datos como vehículo, operador, carga y destino.


“Desde estas regiones coordinaba esquemas de extorsión sistemática contra personas y empresas e transporte, combustible, y carga comercial que circulaban por territorio bajo influencia de su organización”, señaló Harfuch en conferencia.


Posteriormente, la organización imponía pagos periódicos bajo amenazas, simulando control territorial y ofreciendo supuesta protección a cambio de permitir rutas ilegales. Este esquema afectó gravemente la actividad económica regional y consolidó el poder criminal sobre los corredores de movilidad.


 
 
 

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