Pinchazos y canasteo ya son delitos; serán castigados con hasta 7.5 años de prisión

El delito será castigado con una pena de 2 a 5 años de prisión y se incrementará 2.5 años en caso de que el responsable cometa alguna agravante

Con 60 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó tipificar como delito la administración subrepticia (que se hace a escondidas) de sustancias ya sea por vía oral, intravenosa, intramuscular, dérmica o subcutánea, realizadas sin consentimiento de la víctima como los “pinchazos” y el “canasteo o goteo”.

Recientemente, han incrementado significativamente las denuncias por pinchazos en espacios públicos, como el Metro, por lo que con esta reforma, la Fiscalía General de Justicia local tendrá los elementos necesarios para poder investigar, perseguir y sancionar a quienes cometan este tipo de actos.

Penas y agravantes

Dicho delito será castigado con una pena de dos a cinco años de prisión y de 50 a 350 días de multa a quien, sin consentimiento de una persona, le administre, le introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia sin que la víctima se dé cuenta o con engaño.

La pena se incrementará 2.5 años en caso de que la sustancia administrada sea psicoactiva, narcótica, psicotrópica o tóxica y cuando ponga en riesgo la vida o la salud de la víctima.

También en caso de que la víctima pertenezca a un grupo de atención prioritaria, sea menor de edad, una persona con discapacidad o adultos mayores.

Y cuando la sumisión química se cometa en transporte público, instalaciones públicas o eventos masivos; así como cuando se realice por dos o más personas en un mismo acto y cuando el acto tenga como finalidad facilitar la comisión de otros delitos.

El dictamen aprobado incluye dos iniciativas de reforma, la primera para adicionar el Código Penal local en materia de administración subrepticia de sustancias, y la segunda adiciona el capítulo II Bis al título tercero del libro segundo, en materia de sumisión química por pinchazo, propuestas por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, y la diputada Tania Larios del PRI.