La violencia en Colombia ya no tiene trasfondo político: presidente Petro

Colombia se resiste a aceptar que la violencia sea el derrotero de su futuro. Esa ha sido la reacción generalizada de un país que mira con hastío cómo las bandas armadas ilegales quieren disputar el territorio a campesinos, afrocolombianos y comunidades indígenas.

Lo sucedido en el Catatumbo, departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela, ya no es un conflicto entre el Estado y grupos guerrilleros; luego, su carácter político se agotó. Es un enfrentamiento, según el presidente Gustavo Petro, entre bandas narcoarmadas que buscan desplazar a la población civil de sus territorios para su propia codicia.

La región del Catatumbo, cuya extensión supera 4 mil 800 kilómetros cuadrados, está localizada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, en la cual habitan cerca de 290 mil personas en 10 municipios. Es considerada por los grupos armados ilegales zona estratégica por su cercanía a la frontera con Venezuela, y porque su densa selva tropical permite la fácil construcción de laboratorios clandestinos para la producción de cocaína, el gran negocio que hoy los tiene enfrentados.

“Hay una serie de hechos pavorosos, diría yo (…) no tenemos aún toda la información (de lo ocurrido en el Catatumbo). Desde el viernes que estuvimos ahí en Tibú se empezó a recoger toda la información. Había más rumores que datos. Hoy todavía tenemos mucho rumor. Aún no tenemos las cifras concretas de cuántas personas han muerto; 32 es lo que aparece en las morgues en el caso del Catatumbo, pero todos sabemos que aún no se llega a muchos sitios. Éste puede ser uno de los hechos más dramáticos de la historia contemporánea, desde la violencia liberal-conservadora”, admitió el presidente Petro en un acto público el martes para lanzar una estrategia contra la corrupción.

Como lo evidencia el propio jefe de Estado, las informaciones son aproximadas sobre el número de muertos que ha podido dejar esta arremetida del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y sus enfrentamientos con las llamadas disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), es decir, una facción que se apartó de la negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018). Dicen las comunidades campesinas de la región del Catatumbo que el número de personas asesinadas puede superar 80 y haber estimulado un desplazamiento aproximado de 50 mil labriegos.