Avanza en el Congreso nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas

El Congreso de Tamaulipas aprobó una nueva Ley de Seguridad Pública para modernizar el sistema estatal y fortalecer la coordinación institucional.

El Congreso del Estado celebró este viernes una sesión extraordinaria en la que el Pleno Legislativo aprobó la iniciativa para expedir la nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas, propuesta por el gobernador Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de modernizar el marco jurídico en materia de seguridad pública.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Judith Katalyna Méndez Cepeda detalló que la nueva legislación está integrada por 140 artículos, distribuidos en 11 títulos, y sustituirá la ley vigente desde el año 2009, la cual ya no respondía a las necesidades actuales en materia de seguridad y coordinación institucional.

Explicó que la nueva norma tiene como eje central la protección de los derechos humanos y la construcción de un esquema operativo más eficiente entre la Federación, el Estado y los municipios, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante los desafíos en materia de seguridad pública.

Reingeniería del sistema estatal de seguridad

La iniciativa plantea una reingeniería integral del sistema estatal, orientada a robustecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y a consolidar un modelo alineado con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que permitirá una actuación más articulada y efectiva.

Asimismo, la ley contempla la profesionalización permanente del personal de seguridad, así como la acreditación y certificación obligatoria de las instituciones y de sus elementos.

Profesionalización, control y transparencia

De igual forma, se establece la creación de un sistema de información interconectado con plataformas nacionales, que garantice la transparencia en los procesos, la eficiencia operativa y la protección de los datos personales.

El nuevo marco normativo también regula el uso de los recursos provenientes de fondos federales, la supervisión de los servicios de seguridad privada y la protección de instalaciones estratégicas, además de definir un régimen claro de responsabilidades y sanciones para el personal de seguridad, con el fin de fortalecer la disciplina, la ética institucional y la confianza ciudadana.